Descripción del caso

Es uno de los conflictos más antiguos e irresueltos de Jujuy. Luego de décadas de lucha y exigir sus títulos de propiedad, en 1949 el gobierno nacional expropia tierras y las cedes a la Provincia para que sean adjudicadas a las comunidades indígenas. Nunca se concretó. La Justicia condenó en 2006 al Estado jujeño a transferir definitivamente la propiedad de las tierras a las comunidades indígenas y confirmó las disposiciones del Convenio 169 de la OIT, de consultar a los aborígenes en asuntos como gestión de recursos naturales y explotación económica en sus territorios. En 2013, la Procuración General de la Nación dictaminó en favor de las comunidades, instó al Estado a cumplir la sentencia de 2006 y consideró que ante un emprendimiento minero, la consulta y participación "debe llevarse a cabo en todas las fases relevantes del proyecto y con carácter previo a la elaboración de los estudios de impacto ambiental".