Descripción del caso

Desde 2007 sufren intentos de un privado (que además es funcionario municipal) de hacerse de parte del territorio indígena. En 2012 una patota atacó a la comunidad e incendió viviendas. El Poder Judicial ordenó desalojar, pero la comunidad resistió en el territorio. A principios de 2013, la comunidad sufrió otro intento de desalojo por parte de privados y oficiales de Justicia. En mayo de 2014, la Cámara Civil y Comercial de Jujuy suspendió el desalojo del inmueble porque comprobó que la comunidad había contado con el derecho de ser parte del proceso y no había podido defenderse.