La Comunidad India Quilmes vive en los Valles Calchaquíes (Tucumán). Tiene la posesión comunitaria y ancestral sobre su territorio. Cuenta con una Cédula Real, emitida por la Corona Española en abril de 1716 y aceptada por el Ministerio Público de Buenos Aires en 1853. Ambos, Corona y Ministerio Público, reconocen la posesión y derecho territorial de las comunidades que hoy habitan el noroeste provincial. “Dar posesión real al cacique (…) y en ningún tiempo os han de quitar persona alguna”, deja explicito el documento histórico. 

La Cédula Real es prueba reconocida por el derecho local (provincial y nacional) y también por tratados internacionales. No específica leguas ni hectáreas, pero sí limites dados por montañas, lagos y arroyos que aún perduran, en base a los cuales la Unión Diaguita estima un piso de 120.000 hectáreas. 

La comunidad denunció que, en el último siglo, les fue arrebatado más de la mitad del territorio. Desalojos Entre 2008 y 2012, la Comunidad India Quilmes sufrió cuatro órdenes de desalojo, todas a pedido de quienes desean explotar económicamente el territorio comunitario. 

En septiembre de 2009 se efectivizó uno de los desalojos con el accionar de más de 50 efectivos. “Destruyeron nuestras casas. Rompieron nuestro techo, nuestra mesa y mercadería”, reclamó la comunera Luz Vanesa Moya. En noviembre de 2009 se produjo un nuevo intento de desalojo contra la Comunidad India Quilmes. En enero de 2010 la policía provincial desalojó a la comunidad. Volvió a destruir las viviendas. Pero los comuneros volvieron y reconstruyeron sus casas. Una nueva orden de desalojo se produjo en abril de 2011. Llegaron 50 efectivos y, con gases lacrimógenos y balas de goma, reprimieron a la comunidad que, a pesar de sufrir heridos y detenidos, permaneció en el lugar. En agosto de 2011, la justicia tucumana, mediante la aplicación de la Ley 26.160, reconoció la posesión ancestral del territorio de la Comunidad India Quilmes, al tiempo que suspendió los desalojos. Sonia López, una de las comuneras que resistió la seguidilla de desalojos y recibió una bala de goma en la frente, celebró: “Luchando se ganan batallas y al ganar batallas se gana la guerra. Nuestra guerra, impuesta por los no indígenas, es por el territorio, y este fallo a favor es una batalla ganada”. 

El 6 noviembre de 2013, la CIQ volvió a sufrir la usurpación de la Ciudad Sagrada. Un grupo dirigido por Héctor Cruz (antiguo concesionario) y Santiago Santos usurpó el predio por la fuerza. La comunidad inició un amparo judicial y logró la restitución de la Ciudad Sagrada. 

Dos días después, el 7 de marzo de 2014, se produjo la irrupción de un grupo de personas ajenas a la comunidad (comandadas nuevamente por Santiago Santos y Franco Cruz -hijo del empresario--), que usurparon nuevamente la Ciudad Sagrada. Ingresaron al sitio con armas de fuego, hierros y palos. Agredieron a los comuneros que se encontraban en el predio. 

Tuvieron particular ensañamiento contra Sergio Condorí, integrante del Consejo de Delegados de la Comunidad. Golpearon e hirieron a ocho comuneros. Los agresores se apoderaron de la recaudación y usurparon nuevamente el lugar (a pesar de resoluciones judiciales que ratificaron la posesión de la Comunidad Indígena de Quilmes sobre la Ciudad Sagrada). 

La Comunidad denuncia en la actualidad que sigue despojada de su sitio sagrado y afirma que el proceso legal se encuentra “demorado de manera manifiesta”. Inició una causa judicial (en la Fiscalía 1 de Monteros) caratulada como “usurpación, tentativa de homicidio y lesiones”, en la cual la comunidad se constituyó en querellante. La CIQ afirmó que desde el Estado no se tomaron las medidas de seguridad adecuadas para proteger a la comunidad y cuestionó que el Poder Judicial no haya ordenado ninguna medida judicial (ni detención, ni allanamiento, ni nuevo desalojo) para restituir el territorio a la comunidad. La ONG Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) remarcó que el conflicto “no es una situación aislada” y la relacionó con intereses económicos que están “sostenidos por grupos foráneos a la comunidad (Héctor Cruz), que intenta dividir a la comunidad para apoderarse del sitio sagrado”. 

También señaló que “desde los poderes del Estado no se acciona de manera eficiente, poniendo en evidencia una vez más la brecha entre el marco normativo en materia indígena y su implementación”. 

Cacique preso El 6 de junio de 2015 fue detenido el cacique de la comunidad, Francisco Chaile. Chaile es uno de las referentes en el reclamo territorial. En el marco de un intento de negociación para recuperar las tierras de su comunidad, desató un conflicto. 

La policía de Tucumán y Gendarmería Nacional lo detuvieron bajo la acusación de “robo agravado por uso de armas”. Intervinieron la Fiscalía de Instrucción Primera de Monteros, a cargo de Mónica García de Targa, y el juez Mario Velázquez, quien decidió dejar preso al cacique en prisión preventiva. 

La comunidad exige la libertad del Cacique ya que las condiciones actuales de detención afectan gravemente su estado de salud y ponen en riesgo cierto su vida.