Descripción del caso

El 10 de enero, más de 200 gendarmes realizaron un operativo cerrojo, clausurando todos los accesos a las tierras indígenas en las que habita la comunidad mapuche (lof) Cushamen, en el sur de Argentina. A la par, la policía local intervino.

En ambos episodios la comunidad relató públicamente los hechos de violencia y represión que padeció: golpes, palazos, tirones de pelos contra mujeres, y corridas a los niños y las niñas de la comunidad. Las mujeres y los niños dijeron que intentaron protegerse en la “casa grande” mientras que la Gendarmería los mantenía allí encerrados hasta que decidieron ingresar por la fuerza al lugar. Niños aterrados por la presencia de hombreas armados, mujeres arrastradas por el piso, son escenas que reproducen los testimonios mapuches. Además, reportaron que sus casas fueron rotas, sus animales secuestrados y muertos. A la par, se concretaron al menos 10 detenciones contra miembros de la comunidad y aliados.

En el marco del conflicto por el territorio, el juez federal Guido Otranto, el 10 de enero ordenó “remover y secuestrar los obstáculos materiales que se encuentren colocados sobre las vías de circulación del Viejo Expreso Patagónico La Trochita…”. Según la orden, no se solicitó desalojar a la comunidad sino liberar el corte en el tren turístico. Sin embargo, la orden emitida no encuentra correlato con los hechos de la realidad. No hubo control judicial efectivo sobre el operativo y los alcances y exabruptos que fueron cometidos en territorio.

El 11 de enero, esta vez sin orden judicial alguna, las fuerzas de Infantería volvieron a ingresar al territorio y arremetieron contra la comunidad mapuche. Miembros relataron que las fuerzas dispararon contra los integrantes y dejaron varios heridos, algunos de gravedad. Uno de ellos tiene el maxilar destrozado y otro politraumatismo de cráneo. Las imágenes dan cuenta de los impactos de bala que mujeres recibieron de la mano de la policía. El Estado debe rendir cuentas por el maltrato y abuso de la fuerza dirigido a hombres, mujeres y niños.


Información sobre la lucha histórica por el territorio

El 13 de marzo de 2015 Lof en Resistencia decidió llevar adelante la recuperación de un territorio, en el departamento de Cushamen cercana a la ciudad de Esquel, Provincia del Chubut, Argentina. Hoy en ese territorio está la estancia Leleque de la compañía multinacional Benetton, que tiene cerca de un millón de hectáreas en la Patagonia Argentina. Ese mismo día, la Compañía de Tierras del Sur Argentino, de la familia Benetton, presentó una denuncia ante la justicia local, actuaciones en las que se investigaba la posible usurpación de aquel territorio.

“Actuamos ante la situación de pobreza de nuestras comunidades, la falta de agua, el acorralamiento forzado hacia tierras improductivas y el despojo que se viene realizando desde la mal llamada Conquista del Desierto hasta la actualidad por parte del Estado y grandes terratenientes. Sumado a esto la inmensa cantidad de reiñma (familias) sin tierra donde poder siquiera subsistir dignamente”, explica como fundamento de la acción el comunicado firmado por el Lof Cushamen y el Movimiento Mapuche Autónomo (MAP).

Son aproximadamente treinta personas de distintas comunidades de la zona, muchos jóvenes e incluso niños, y comenzaron a construir sus viviendas. El predio está ubicado en el paraje Vuelta del Río, al noroeste de Chubut, sobre la ruta nacional 40, entre Cholila y Esquel.

El mismo día de la acción, llegó hasta el lugar la policía e intentó un desalojo. Los mapuches resistieron. En casi dos años, sufrieron media docena de represiones y denuncias con diversas acusaciones (y nulas pruebas). Desde incendios de bosques hasta robos y posesión de bombas molotov. Incluso se los acusó, de manera insólita, de estar vinculado a las FARC colombianas.

En 2016 su lonko (autoridad), Facundo Jones Huala, enfrentó un juicio de extradición a Chile (por una antigua causa en ese país). El juez federal Guido Otranto falló denegando la extradición. Sobrevino una campaña política y mediática por el fallo absolutorio. Incluso el gobernador, Mario Das Neves, pidió juicio político para el juez Otranto y en conferencia de prensa cuestionó: “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes” (en relación a mapuches). Además, instó a que la población desobedezca al juez: “Que la gente reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones”.

En noviembre de 2016, se filtró un informe interno del Ministerio de Seguridad de la Nación en el que se acusa a los pueblos originarios de la Patagonia de delitos federales y los responsabiliza de hechos delictivos (sin aportar ninguna prueba). El informe del ministerio, conducido por Patricia Bullrich, muestra una imagen de powerpoint titulada “Revalorización de la ley. Problemática en territorio mapuche”. En referencia al Lof Cushamen y a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), aseguró: “Sus miembros están protagonizando hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños y amenazas en Chubut y Río Negro. Tienen un denominador común que los transforma en delitos federales, ya que se proponen imponer sus ideas por la fuerza”. El texto, además, reconoció que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realiza “tareas de investigación”.

El 10 y 11 de enero de 2017, el Lof Cushamen sufrió una dura represión, con más de 200 efectivos de Gendarmería Nacional que avanzaron sobre la comunidad y detuvieron a una decena de integrantes.

El pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los Estados, de acuerdo a lo reconocido por la Constitución Nacional en su art. 75 inc. 17: por el contrario, son las petroleras, mineras y grandes estancias, las que se han instalado – muchas veces por la fuerza – en territorios comunitarios, profundizando su despojo.

Argentina, tanto en su Constitución Nacional y otras normas internas, como a través de la ratificación de varios instrumentos internacionales fundamentales — como el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) – y la adopción de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, ha reconocido los derechos humanos de los pueblos indígenas: el derecho al territorio y recursos naturales, el derecho a la autodeterminación, el derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo, y a que se respeten sus propias costumbres.