Descripción del caso

El gobierno provincial firmó en agosto de 2013, el decreto 1428. En sus clausulas 1 y 2, el Gobierno no sólo dejó afuera de la titularización una porción considerable de territorio sobre el que la comunidad ejerce su posesión ancestralmente, sino que puso como condición que la comunidad permita el libre acceso a las actividades que realicen las petroleras GyP (estatal) y Pluspetrol. La comunidad denunció “chantaje y violación de los derechos indígenas”.