Salinas Grandes. Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes.
33 comunidades indígenas que habitan territorios de las provincias de Jujuy y Salta desde tiempos ancestrales denuncian que la explotación de litio en sus tierras amenaza su subsistencia y ejercicios de derechos. No son consultados de manera previa por la ejecución de los proyectos.
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Salta-Jujuy

Visita del Relator de Naciones Unidas James Anaya a Salinas Grandes

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Descripción del caso

33 comunidades indígenas que habitan territorios de las provincias de Jujuy y Salta desde tiempos ancestrales denuncian que la explotación de litio en sus tierras amenaza su subsistencia y ejercicio de derechos. No son consultados de manera previa por la ejecución de los proyectos. Las concesiones de explotación son autorizadas por los gobiernos provinciales en base a estudios de impacto ambiental elaborados por las propias empresas interesadas, en los que, en general, no se realizan procedimientos de participación ni consulta con los pueblos indígenas afectados. Se desconocen sus mecanismos de representación y decisión.

La explotación de litio
“La Arabia Saudita del litio”, tituló la revista estadounidense de finanzas Forbes al “triángulo del litio” que conforman el noroeste de Argentina, el norte de Chile y Bolivia, y concentrarían el 85 por ciento del litio del mundo. El litio es un metal que se emplea en pilas y baterías de productos electrónicos y que comenzó a utilizarse como energía en la industria automotriz, que promete un gradual reemplazo de hidrocarburos por ese elemento, un producto “más limpio”. La minería del litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales, aunque a diferencia de la minería metalífera a gran escala, no comparte la voladura de montañas ni el uso masivo de explosivos y cianuro. Pero sí las une el aspecto más cuestionado en los últimos años: uso de grandes cantidad de agua (en una región de extrema sequía).

Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes
En las Salinas Grandes (Jujuy y Salta) se encuentran buena parte de las reservas mundiales de litio. Compañías mineras ya comenzaron a desembarcar y los gobiernos provinciales avanzan con concesiones de exploración. Pero allí se encuentran comunidades indígenas Kolla y Atacama, que trabajan y viven en el lugar, de allí extraen sal y la comercializan desde tiempos inmemoriales. “Hace siglos que vivimos en las salinas, siempre cuidamos el territorio y vivimos en armonía. Ahora descubren algo y quieren pasarnos por arriba, condenarnos. No vamos a permitir esa injusticia”, advierte Clemente Flores, del pueblo kolla. Entre las empresas interesadas en las Salinas Grandes figuran compañías de Canadá, Australia y Estados Unidos. Las automotrices Toyota y Mitsubishi ya manifestaron su interés por el litio del norte de Argentina. A raís de este contexto, las comunidades conformaron la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes, que reúne a 33 comunidades indígenas y exigen frenar toda actividad minera en la zona, que se consulte a las comunidades y denuncian que (con la exploración) ya contaminaron un acuífero, en una región donde el agua es el bien más escaso.

La instancia judicial
Las comunidades presentaron un amparo judicial, donde denuncian la falta de “consulta previa, información y participación” que la legislación nacional ordena en toda acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Recuerdan que las Salinas Grandes constituyen “un ecosistema único que se encuentra dentro de sus propios territorios, el cual les provee de los recursos naturales de uso común que son necesarios para su subsistencia, como el agua y la sal que les permite la vida, el trabajo y la producción”.

Una iniciativa propia: un Protocolo de consulta previa
En consonancia con normas internacionales y leyes nacionales, las comunidades de las Salinas Grandes redactaron su “carta magna”, un detallado programa que determina cómo debe actuar el Estado y los particulares para respetar los territorios indígenas y no violar sus derechos. “El procedimiento escrito es de obligatorio cumplimiento ante todo intento de realizar cualquier acto que pueda afectar a las comunidades, porque así está reconocido por todo el ordenamiento jurídico vigente”, explica el documento, escrito por las propias bases indígenas. Es un documento de 53 carillas que fue debatido y consensuados por las comunidades durante dos años de trabajo desde las bases. En agosto de 2015, la asamblea general aprobó el protocolo. Tiene sustento legal en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Ley Nacional 24.071) y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (ONU). “Ningún juez ni político podrá decir que no sabe cómo implementar nuestros derechos vigentes. Señores, esta es nuestra ley, ajustada al derecho vigente y van a tener que respetarla”, advirtió el vocero Clemente Flores. El proceso de consulta es de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio para el Estado y los particulares. “El primer lugar adonde llevamos nuestra carta magna es a la Corte Suprema”, afirmaron las comunidades. Se trata del "protocolo de consulta" Kachi Yupi (“Huellas de la sal”, en idioma quechua) "definido formalmente como el “procedimiento de consulta y consentimiento previo, libre e informado” para las comunidades indígenas de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc. Sin embargo, cuando la causa judicial llegó en 2012 a la Corte Suprema de Justicia, el tribunal rechazó el pedido de los pueblos indígenas por cuestiones formales, pese a que hubiera convocó a una audiencia pública para escuchar a ambas partes. Lamentablemente la Corte dejó pasar la oportunidad de expedirse sobre el derecho humano a la consulta previa y consentimiento libre previo e informado. La causa tramita ahora ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

2016
El 8 de marzo de 2016, la minera canadiense Dajin Resource anunció en el exterior la firma de un acuerdo para operar en 90.000 hectáreas de las Salinas Grandes. Mientras que la empresa mantuvo reuniones con los secretarios de Minería de la Nación (Daniel Meilán) y de Jujuy (Miguel Soler), no hubo ninguna participación de las 33 comunidades originarias que viven en el lugar. Ellos apenas se enteraron de este emprendimiento por los medios de comunicación. La Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes denunció la violación de derechos y advirtió una escalada de acciones directas en defensa del territorio indígena.
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